MARCOS JUÁREZ: Juzgarán por fraude a comerciantes, abogados y a un funcionario judicial

Las maniobras no hubieran sido posibles sin la participación del secretario de un juzgado de Marcos Juárez.
En la oficina de Sumarios 
Administrativos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se aguarda con expectativa la resolución de un juicio en el que está involucrado un funcionario de los tribunales de Marcos Juárez. Esto en virtud de que no se puede resolver la cuestión administrativa hasta tanto no se expida la Cámara que juzgará a Gustavo Adel Bonichelli (53), secretario del Juzgado de 1ª Instancia y 1ª Nominación Civil y Comercial, imputado como autor material de los delitos de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados y abuso de autoridad, en concurso ideal, y por esos ilícitos en grado de tentativa.
Junto a Bonichelli serán juzgados los abogados Carlos Ángel Cerón (54) y Agostina D’Angelo (30), alias “Agus”, el padre de esta profesional, Héctor Vicente D’Angelo (66), alias “Pato”, jubilado y jefe de compras de la fábrica de implementos agrícolas Schiarre SA. y Luis Eduardo Giuliani (32), licenciado en comercialización, todos domiciliados en Marcos Juárez.
Las maniobras investigadas por el fiscal de Instrucción del Primer Turno de Villa María, Félix Alejandro Martínez, que fueron elevadas a juicio en diciembre del año pasado, están vinculadas con remates de inmuebles y en uno de los casos la damnificada fue la Municipalidad de Marcos Juárez.
En el primer hecho se subastaron dos lotes por una demanda ejecutiva del abogado Cerón que pretendía cobrar honorarios en los autos “Municipalidad de Marcos Juárez contra Cereales Casilda SA y otra”. Cerón cedió sus honorarios a favor de la abogada D’Angelo, quien los adquirió en la suma de 245 mil pesos, en representación de Néstor Ramón Mascolo.
Con posterioridad a la subasta se presentó María de los Ángeles Tammaro en su carácter de síndica de la quiebra de Cereales Casilda SA pidiendo la nulidad del remate porque los terrenos subastados pertenecían a esa quiebra. En esa oportunidad no se hizo lugar al reclamo pero, para evitar que Tammaro recurriera a una instancia superior y con el propósito de asegurarse los terrenos, Cerón, D’Angelo y su representado le propusieron a la síndica un convenio acordando derechos sobre los inmuebles.
Los abogados se comprometieron a reintegrar a la quiebra los 245 mil pesos de los que deducirían un máximo de 25 mil pesos por impuestos adeudados y gastos de la subasta, mientras que la síndica renunciaba a todos los recursos. En caso de no reintegrar el dinero en tiempo y forma, los terrenos serían rematados nuevamente. Tras la firma del acuerdo, aparece en escena el licenciado Giuliani, quien según la investigación ya estaba de acuerdo con el abogado Cerón para que Mascolo le cediera los derechos sobre los terrenos subastados.
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